Tenemos en la Comunidad de Madrid un gobierno en K.O. técnico, abrasado y roto internamente. Un gobierno en la UVI cuya remodelación se frustró cuando su presidenta fue desautorizada por un tal Rajoy desde la calle Génova. Ahora, la jefa del Ejecutivo no sabe cómo modificarlo.

Pero eso no justifica que sea el gobierno con peor educación que haya habido nunca.

Después del “hijoputa” de la presidenta, ahora le vemos la ‘peineta’ al ex presidente Aznar, que, dados sus modales, parece que estudió con ella.

Pues bien, ahora también aparece el Sr. Güemes con nuevos insultos sobre la ignorancia…

Asi que vamos a explicarle al tal Güemes el problema jurídico que tiene, sin remarcar la falta de preparación de nadie:

La Ley General de Sanidad (bàsica), en su artículo 56, establece que las áreas sanitarias tendrán en cuenta varias cuestiones para su creación: 1º.- Al menos tiene que haber una por cada provincia; y como regla orientativa atenderán a una población de entre 200.000 y 250.000 habitantes.

Sin embargo, lo más importante (porque tiene que ver con el acceso de los ciudadanos al sistema) es que se delimitarán teniendo en cuenta factores geográficos, socioeconómicos, demográficos, laborales, epidemiológicos, culturales, climatológicos y de dotación de vías y medios de comunicación, así como las instalaciones sanitarias del área.

El gobierno regional no puede justificar que la creación de un único distrito sanitario aporte precisamente una mejora en el acceso de los ciudadanos al sistema, y no lo puede justificar porque es precisamente todo lo contrario.

Por supuesto que la potestad reglamentaria pertenece al Consejo de Gobierno, pero en este caso particular, los Reglamentos deberán cumplir (porque no lo ha hecho la Ley) con estas premisas.

La Ley denominada de Libre Elección de Médico es una verdadera chapuza, creada tan sólo por motivos propagandísticos y los Reglamentos, que dicen estar tramitando, podrían estar afectados de nulidad. Tal como hemos dicho, estaremos vigilantes y recurriremos todos y cada uno de esos Reglamentos.

La Ley, aprobada tan sólo por el Partido Popular, establece un plazo que ellos mismos han incumplido. El resultado es que ningún ciudadano puede el lunes, pese a que ya ha entrado en vigor, pedir que se le aplique.

Tal vez sea que, sencillamente, la pereza se ha apoderado nuevamente del gobierno del PP.

No vamos a insultar, tan sólo decimos que el consejero de Sanidad y la Presidenta tienen un problema jurídico para justificar la adecuación de la Ley de Distrito Unico a la Ley de Sanidad y que una elemental prudencia para garantizar la seguridad jurídica, aconsejaría devolver la Ley a la Asamblea.

Ahora bien, esa misma elemental prudencia aconseja que mejor que desistan de erosionar más la sanidad madrileña y se olviden de esta ocurrencia.

Por cierto, si hay algo que el consejero no entiende bien, encantado se lo explica el servicio juridico del PSM. Pza de Callao, 4.