Ya nos tiene acostumbrados. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, ante los casos difíciles tira balones fuera, y se deshace de su responsabilidad. Esos son verdaderamente el “amparo” y “las garantías” que tenemos todos los madrileños con el Gobierno de Esperanza Aguirre.
Rafael González, conocido como “el Rafita”, cometió un horrible crimen cuando tenía 14 años (17 de mayo de 2003). Se le aplicó la Ley Penal del Menor vigente (año 2003); una Ley aprobada por el PP. Fue condenado por ello a 4 años de internamiento en un centro de régimen cerrado y 3 más de libertad vigilada. Terminará de cumplir su condena el 25 de Junio de este año 2010.
Durante el cumplimiento de la libertad vigilada, Rafael, ahora ya mayor de edad, ha seguido cometiendo delitos. Está acusado de dos robos con fuerza en las cosas, uno por el robo de un ordenador el pasado 11 de junio de 2009 en Benalmádena (Málaga), y otro robo con fuerza ocurrido éste 23 de diciembre en Alcorcón. El pasado fin de semana ha vuelto a ser detenido por el robo de un coche en Madrid.
La cuestión que todos nos planteamos es, entonces ¿Quién esta vigilando la “libertad vigilada” de Rafael?, porque es evidente que mucha diligencia en la vigilancia no se está poniendo, si lejos de continuar con un proceso iniciado de rehabilitación y resocialización, Rafael sigue delinquiendo e incrementando su curriculum delictivo. Para nuestra sorpresa, la respuesta de la Comunidad de Madrid es el “yo no he sido”, y se amparan en un auto de un juez de menores, que no es firme y por lo tanto que no es definitivo, para escurrir el bulto de su enorme responsabilidad.
Una cosa está totalmente clara, y no puede discutirse. Hasta el 24 de Noviembre del año pasado, está claro que era la Comunidad de Madrid, a través de la Agencia del Menor Infractor, la responsable de supervisar la libertad vigilada de Rafael hasta que acabase. Sin embargo, como el caso era difícil, cómo ya se había perdido el control sobre él (aunque el Consejero de Presidencia indicó, grandilocuente, en Noviembre que “está perfectamente controlado por la Comunidad de Madrid”) y los recursos para el tratamiento en Madrid son escasos y no dan votos, la Comunidad decide pasarle la patata caliente de tener que “vigilar al Rafita” a Instituciones Penitenciarias, y así se lo solicita al Juez.
En un primer momento, el juez de menores entendió, porque así lo dice expresamente la Ley Penal del Menor que son las Comunidades autónomas las responsables de la ejecución de las medidas previstas en la Ley. Pero en un segundo momento, y habiéndose producido ya uno de los quebrantamientos de condena de Rafael, el juez dictó una resolución en la que contemplaba que fuera Instituciones Penitenciarias, a través de su centro de inserción social Victoria Kent, la que pasara a controlar dicha libertad vigilada (es el famoso auto, de 24 de noviembre de 2009). Y con ello, la conciencia y el deber de la Comunidad de Madrid quedaban limpios de responsabilidad. Si Rafita se portaba mal, la culpa la tenían otros.
El problema, sin embargo, no era tan fácilmente solucionable. Instituciones Penitenciarias es un Organismo que ejecuta condenas del Código Penal y no puede ejecutar la “libertad vigilada” de la Ley del Menor porque este tipo de medidas no está en su “catalogo de servicios”. Por esa razón, la Fiscalía de Menores pidió aclaraciones al magistrado sobre el auto. Necesitan saber cómo se «traduce» esa libertad vigilada, una modalidad que no existe en la justicia de mayores. El magistrado no contestó. Simplemente dijo que no había lugar a la aclaración.
La Comunidad de Madrid habría podido solicitar al Juez de menores, porque así lo permite la Ley, lógicamente con todas las garantías precisas, que “transformara” la libertad vigilada de Rafael, en un internamiento, en una privación de libertad, dada la gravedad de su comportamiento y sus sucesivos quebrantamientos de la medida. Y haber solicitado entonces que cumpliera la medida en un centro penitenciario de mayores. En ese caso, y tras el correspondiente procedimiento y oídas todas las partes, la responsabilidad sobre la ejecución de la medida sí sería de Instituciones Penitenciarias, y no habría problemas interpretativos, porque Instituciones Penitenciarias sí sabe como se ejecutan las penas privativas de libertad.
Pero no lo hizo por intentar zafarse del problema cuanto antes.
La Comunidad de Madrid, simplemente, quería quitarse el muerto de encima. Pero un Auto no hace la Ley, ni cambia lo que la Ley dice. Máxime, si como es el caso, es un auto cuestionable, cuestionado y además no firme.
“Balones fuera”, “la culpa la tienen siempre otros” y “yo no he sido”… Es a eso a lo que los ciudadanos de a pie llamamos irresponsabilidad.
